ADRIÁN ALEXANDRE

Diez años y medio después la “justicia” llegó al fin para tres mujeres hñähñú del estado de Querétaro.

Aquel jueves 3 de agosto de 2006 Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, comerciantes en el tianguis de Santiago Mexquititlán, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público, acusadas del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fue el inicio de un “proceso judicial” amañado que terminó en diciembre de 2008 con sentencias de 21 años para cada una de las mujeres. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Jacinta recobró su libertad en septiembre de 2009, mientras que Alberta y Teresa tuvieron que esperar hasta abril de 2010.

En 2013, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó el pago de 20 mil salarios mínimos a cada mujer como indemnización y el reconocimiento de su inocencia mediante disculpa pública. Por supuesto, la Procuraduría General de la República (PGR) se pasó por el sobaco dichas sentencias. Hasta el martes 21 de febrero de 2017.

En un acto “inédito”, “histórico” y “trascendental” en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, la PGR, obligada por la ley, dio cumplimiento a lo que el procurador Raúl Cervantes Andrade llamó una “obligación jurídica ineludible; pero ante todo, de un acto de justicia y humanidad insoslayable.”

Reconoció que “tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría General de la República contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.”

Agregó que “en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a ustedes: Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta, fueron privadas de su libertad.”

A continuación, dijo “sirva este acto para ofrecerle, Jacinta Francisco Marcial, una disculpa pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron, tal y como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”

Sí, como señaló el funcionario, con este acto se dio cumplimiento a un ordenamiento legal, pero jamás alguien podrá decir que se hizo justicia.

¿Quiénes son y dónde están todos los que intervinieron en el “proceso judicial” a las tres mujeres? ¿Cuál es la pena, la sanción que merecen los “secuestrados”, los testigos, los peritos, el MP, el juez del caso?

¿Hay, puede haber sanción para quienes desde lo alto de sus posiciones hicieron cuanto pudieron o no hicieron aquello a lo que estaban obligados, con tal de no aceptar el cochinero legaloide que puso en prisión a tres mujeres indígenas obviamente inocentes?

¿Qué hacer con las instituciones que “velan” por los derechos humanos, por los grupos indígenas y, claro, por los derechos de las mujeres y que en este caso voltearon para otro lado?

Pasan los años y la máxima de Mario Lirilón Munguía Delgadillo, creador de “Matarili”, no pierde ni perderá vigencia: “Hace más daño la justicia cuando falla que el mismo crimen”.